La Coordinador de entidades por una cultura Gratuita, Libre y Popular (y contra los abusos de la SGAE) aglutina a organizaciones sin ánimo de lucro que se han visto afectadas por las recaudaciones que realiza la SGAE sobre todas nuestras actividades de forma indiscriminada.

 

Las entidades que la integramos trabajamos diariamente con pocos medios y con personas que deciden dedicar su tiempo libre a difundir la Cultura y a intentar que ésta llegue a la mayoría de la ciudadanía, organizando actividades en los barrios, en los colegios, en los centros cívicos, etc.

 

Son actividades que, en su mayor parte, se realizan sin ningún ánimo de lucro y gratuita para el público. Y, sin embargo, nuestros escasos recursos se ven mermados porque en cada acto, aunque sea benéfico, aparece un inspector de la SGAE dispuesto a cobrar. Igualmente le ocurre a cualquier otro colectivo, colegio, club de jubilados, que decida, por ejemplo, representar una obra teatral o poner música, penalizando de esta forma, cualquier acercamiento a la cultura en vez de fomentarla.

 

En algunos centros cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza, al solicitar un espacio para llevar a cabo una actividad, se nos exige previamente cumplimentar un formulario de petición de autorización la SGAE, dando por hecho de antemano dos premisas: a) que la actividad a realizar está sujeta a derecho de autor y b) que forma parte del repertorio de la SGAE. Aunque no se cumplan estos requisitos, nos vemos obligados a cumplimentar dicho formulario para poder utilizar los espacios del centro

 

Pretendemos dar a conocer al público los derechos que le asisten frente a los abusos de cobros de la SGAE, puesto que parece ser que no siempre están cobrando por lo que deben. Este hecho ya se ha demostrado en varias sentencias judiciales contrarias a sus pretensiones y cuyo resultado ha sido favorable a los demandados por la SGAE.

 

 

 

 

La SGAE es una entidad de gestión, es privada y tiene como fin la recaudación de los derechos de los autores que son socios. Por ley debe ser sin ánimo de lucro.

 

Sólo pueden recaudar por los autores que les hayan cedido previamente sus derechos. No por los derechos de autores que no sean socios. No puede cobrar por ninguna obra que no forme parte de su repertorio.

 

Tampoco puede cobrar por aquellas obras, que por el transcurso del tiempo establecido en la legislación, hayan pasado a formar parte del dominio público.

 

 

 

Los autores pueden no ser socios de la SGAE. Es una opción de cada uno, no una obligación.

 

Los autores pueden renunciar a que la SGAE cobre por sus derechos en una actuación concreta, aún siendo socios.

 

Las entidades sin ánimo de lucro tienen derecho a que se les aplique una reducción de las tarifas en las facturas de la SGAE.

 

Es nuestra intención hacer llegar a la ciudadanía y a todas las organizaciones la información referente a la propiedad intelectual, para que conozcan sus derechos. Asimismo queremos reclamar a las instituciones que adopten las medidas necesarias para evitar la situación de indefensión en la que actualmente nos encontramos las organizaciones y el consumidor, en general.

 

Todas las entidades de gestión deberían hacer públicas las listas de los autores asociados y las obras que forman parte de su repertorio. Así, cuando una entidad o un consumidor desee realizar una actividad, podría decidir libremente si escoge una obra o una canción por la que posteriormente la SGAE le pasará factura o elegir una obra que esté fuera de su repertorio y, por tanto, exenta. Se ha formulado ya la solicitud al Ministerio de Cultura para que se nos faciliten dichos listados.

 

Dado que la SGAE no puede tener ánimo de lucro, las tarifas deberían ser públicas, para que cualquier consumidor u organización, pueda comprobar en la factura que se les emita, que la cantidad coincide realmente con la tarifa. La situación actual, de opacidad en este aspecto, puede representar un caso de indefensión de los ciudadanos como consumidores. Además, las entidades sin ánimo de lucro deben poder comprobar que se les aplica la reducción en la tarifa a la que se tiene derecho.

 

Exigimos especificidad, desglose y transparencia en las facturas de la SGAE para evitar que se nos aplique un porcentaje sobre toda la actividad o programación, en lugar de la tarifa sólo por aquellas obras o canciones que formen parte de su repertorio, descontando aquéllas que estén fuera de él o que hayan pasado ya a ser de dominio público.

 

Publicar anualmente la recaudación obtenida por cada obra o canción, con el fin de que se garantice la transparencia.

 

Que el Estado publique anualmente el listado de obras que han pasado a ser de dominio público y, que por tanto, ya no devengan derechos de autor, para que podamos elegir entre ellas, en lugar de una sujeta a derechos por la que posteriormente nos cobrarán.

 

 

 

 

 

 

Exigimos al Ayuntamiento que no haga el trabajo de la SGAE, obligándonos a rellenar sus formularios como requisito para concedernos la cesión de un espacio en los centros cívicos y, menos cuando la actividad no devengue derechos de autor o su creador no sea socio de la SGAE.

 

Por otro lado, el consumidor en general, al igual que todas las instituciones públicas, al adquirir una impresora, CDs vírgenes, digitalizadores, lápices USB, pagamos el llamado CANON DIGITAL. No entendemos por qué debemos pagar a la SGAE, cuando lo que vamos a grabar en un CD virgen es fruto de nuestro propio trabajo y no de ningún autor asociado a la SGAE, o cuando lo que se graba son actuaciones judiciales o los presupuestos del Estado.

 

De mantenerse el CANON DIGITAL, debería tratarse como un impuesto indirecto y ser recaudado por y para el Estado, beneficiando a todos los ciudadanos y destinándolo a fomentar la cultura, formando parte de los presupuestos estatales, sometido al control preceptivo y haciendo público tanto la cuantía como el destino de la recaudación obtenida.

 

Pero no puede seguir siendo un canon que vaya a engrosar las arcas de una entidad privada, que por ley no puede tener ánimo de lucro. Y, no lo entendemos, cuando la piratería es perseguida. Es decir, si ya pagamos el canon al autor por el CD virgen y el fabricante, a su vez, ha pagado también un porcentaje a la SGAE al producirlo, qué importa lo que hagamos después con él, si el autor ya ha cobrado por ello por adelantado, aún cuando el contenido que tenga en el futuro no sea obra suya.

 

La ciudadanía debe conocer la elevada cuantía del canon digital que está pagando y la fuerte diferencia con otros países europeos.

 

Los ciudadanos deben conocer que pueden utilizar obras que no formen parte de la SGAE, o música por las que ésta no puede cobrar, como son la música libre o bajo licencia copyleft o creative commons, o acudir a ediciones que hayan pasado ya a ser de dominio público.

 

Es el momento de formarnos e informar sobre la propiedad intelectual para evitar posibles abusos. Así mismo, nos solidarizamos con las webs como todoscontraelcanon que están siendo perseguidas por sus críticas a la SGAE como la Asociación de Internautas o alasbarricadas.org.

 

Son cada vez más numerosos los ciudadanos, grupos e instituciones que ponen en cuestión la actual situación y la política gubernamental en relación con la SGAE. Desde muy diversas instancias se pide un replanteamiento y una reflexión que culmine en un cambio en todo ello. Recientemente, la Universidad de Zaragoza en su reunión de claustro del 4 de Diciembre de 1007, se ha pronunciado en este sentido.

 

 

 

 

 

 

También el mes de Diciembre, miles de personas expresaron su apoyo a la enmienda presentada por un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, que solicitaba al Gobierno a no aplicar el canon digital, y abrir un período de estudio de fórmulas alternativas a esta injusta tasa.

 

Asimismo, exigimos que la futura Ley de Impulso de la Sociedad de la Información no permita a ninguna autoridad diferente del juez el cierre de ninguna publicación o web, se proteja la libertad de expresión y que se elimine el cobro del canon digital por las entidades de gestión.

 

Sin información, conocimiento ni cultura no existe libertad. El acceso a la cultura debe ser considerado un derecho esencial y debe ser libre y gratuito. La cultura debe cumplir su función social. Y debe ser obligación del Estado de derecho establecer las garantías que permitan el desarrollo de la cultura y proteger aquellas actividades que tratan de fomentarla.

Zaragoza, Enero de 2008